La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó que el Ministerio Público (MP) observa con preocupación la presunta utilización de niños y adolescentes en las manifestaciones ocurridas recientemente en el país, por lo que se inició una investigación a fin de determinar si existe responsabilidad por parte de las autoridades de los colegios en esta situación.
El señalamiento lo hizo la máxima representante de esta institución, durante el programa "En Sintonía con el Ministerio Público", transmitido por Radio Nacional de Venezuela, donde recordó que la denuncia sobre el caso fue interpuesta por un grupo de estudiantes, quienes puntualizaron que los directivos de las escuelas incitan a los alumnos a participar en acciones violentas de calle.
Ortega Díaz informó que el fiscal 101° del área metropolitana de Caracas, Harvey Gutiérrez, fue comisionado para investigar y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Explicó que el artículo 83 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna), en consonancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contempla que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de manifestar pacíficamente y sin armas.
La Fiscal General dijo que la protesta fortalece la democracia y la libertad, pero no se puede permitir que las manifestaciones alteren el orden público, se genere violencia y la muerte de algunas personas.
La Lopna señala que el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales, que sean necesarias y apropiadas para asegurar que este grupo de la población disfrute plena y efectivamente de sus derechos y garantías.
Refirió que la Lopna, en su artículo 79, establece la obligación que tienen los educadores de garantizarles a los niños, niñas y adolescentes un ambiente sano.
"Ellos deben evitar que los niños, niñas y adolescentes atenten o incurran en irrespeto a la dignidad de las personas, en acciones de indisciplina, de odio, discriminación o racismo, entre otras cosas".
Reiteró que no se puede incitar a los estudiantes, que son la fuerza emergente del país, para que atenten contra la tranquilidad pública, por el contrario se les debe conducir y orientar.
En ese sentido, ratificó que el Ministerio Público investiga la presunta responsabilidad de centros educativos y de algunos miembros de las directivas en la participación de niños y adolescentes en manifestaciones.
Los directores, subdirectores y docentes no pueden incitar a este sector a ejercer acciones violentas en las calles.
Asimismo, hizo un llamado a los padres y representantes para que estén atentos ante esta situación.
Confía en que los estudiantes, si van a salir a la calle, lo harán de forma pacífica. En tal sentido, hizo un llamado a cumplir las leyes y puntualizó que quien trasgrede las normas legales debe estar dispuesto a asumir las consecuencias.
Explicó que la manifestación pacífica no genera ninguna acción penal. Por el contrario, un hecho punible, como la resistencia a la autoridad, un homicidio y daños a la propiedad, cometido en el marco de dicha protesta, sí genera acciones legales.
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